Los cien primeros días del gobierno de Juan Manuel Santos dejan ver, por lo actuado hasta ahora, que la política educativa seguirá siendo la cenicienta de este paseo. No sólo por el tratamiento presupuestal, por debajo del gasto militar de acuerdo a lo aprobado para 2011, sino además por la inexperiencia de la Ministra, recién llegada a los asuntos del sector y a su carácter pedagógico, didáctico, magisterial y evaluativo.
Si se ingresa hoy al portal del Ministerio de Educación, pese a que se afirma que la educación es un soporte fundamental del programa de unidad nacional para la prosperidad, no aparece todavía un documento en el que se perfilen los referentes de lo que sería la política de calidad educativa del actual gobierno. Lo único disponible es un folleto en el que se barruntan algunas apuestas ministeriales. Lo que figura son los titulares de dicha propuesta: Calidad como propósito nacional, atención a la primera infancia, cerrar brechas de inequidad, educar con pertinencia para la innovación y convertir al sector educativo en modelo a seguir en materia de gestión y administración pública son por ahora titulares de prensa; lo que en la práctica indica que estos cien días no han sido de implementación sino de pronunciamientos en este sentido.
En campaña, Juan Manuel Santos planteó su camino para “la educación, el deporte y la innovación para seguir avanzando” y afirmó que “la educación es el camino más efectivo para eliminar esas grandes diferencias que tenemos en Colombia… el camino más efectivo para la movilidad social; para que los pobres salgan de la pobreza, por eso es tan importante darle prioridad”. En su propuesta aparecen aspiraciones de mejorar la calidad educativa, la excelencia docente, generar igualdad de acceso, pertinencia, cobertura, aprendizaje laboral, universalización del grado cero y duplicar los cupos en educación superior técnica (http://www.citytv.com.co/videos/73648/juan-manuel-santos-y-sus-propuestas-para-la-educacion).
Sin embargo, por sus declaraciones, se presenta al país la promesa de avanzar en calidad, pero al mismo tiempo se dan tumbos y retrocesos en materia de evaluación, capacidad de diálogo multiestamental y concepciones del aprendizaje escolar. Por ello, la administración Santos no muestra señales de tomarse en serio el mejoramiento del sector y, por el contrario, sí de ahondar la subestimación de la educación para jalonar transformaciones sociales en el país; pese al lema ministerial según el cual la educación de calidad es el camino de la prosperidad.
Si valoramos inicialmente lo que recibe la Ministra María Fernanda Campo, luego de ocho años de la denominada revolución educativa, con la que el país aplicó de nuevo la receta preparada por los organismos crediticios multilaterales, hoy se presenta como un significativo avance la cobertura, el incremento de computadores por número de estudiantes, la formación docente en TIC y en segunda lengua, la incorporación por concurso de nuevos docentes a la planta oficial, con las reservas de dicho proceso y la polémica por recorte de beneficios con el estatuto docente 1278. De igual manera, la implementación de programas de cobertura y atención a la primera infancia, el perfilamiento pedagógico y ciudadano de la educación para la sexualidad, la articulación iniciada entre Media Técnica y formación superior, la implementación de pruebas y evaluaciones nacionales e internacionales y la racionalización de las secretarías de educación.
Estos programas, pese a la reticencia con la que son recibidos pues, en mucho, son consecuencia de imposiciones y arbitrariedades al adoptar el Ministerio un criterio direccionista en la concepción de la política educativa, son presentados como los hitos resaltantes del pasado gobierno; pese a que resulta preocupante su trabajo deficiente en el equipamiento e infraestructura educativa, la inacción para enfrentar la precarización de la profesión docente, el estancamiento de la planta docente pese al aumento de cobertura, el debilitamiento de la financiación de la educación superior y el desbertebramiento de las garantías salariales, en salud, pensiones y derechos adquiridos por los maestros a consecuencia de la tramitación de proyectos de ley y decretos que afectan tanto la carrera docente como el régimen de excepción del magisterio.
El balance, entonces, no parece halagüeño, en la medida en que estos asuntos no han sido tratados ni fueron incorporados al pacto nacional por la calidad de la educación postulado por la nueva Ministra.
Concentraré mis observaciones en tres aspectos básicos: la tensión cobertura vs. calidad, la profesionalización docente y la evaluación de los aprendizajes, temas que empiezan a hacer ruido en el ámbito educativo, que se supone es el aceite en las locomotoras de la prosperidad.
Además del impacto negativo de contar con aulas atiborradas de estudiantes, menos docentes por institución educativa, procesos de privatización y concesión a particulares en la prestación del servicio educativo; el país continúa rezagado en los aportes que llegan a los entes territoriales certificados, disminuyendo el presupuesto que efectivamente se invierte en cada institución educativa. A ello se suma el que no se concretan aportes específicos orientados al fortalecimiento docente y a la inversión en investigación educativa, cuyo impacto en las aulas resulta escandalosamente precario.
Pese a que actualmente cursa un proyecto para reformar la ley 30, la financiación estatal de la educación superior no creció en el proyecto de presupuesto para el año entrante, con lo cual se acrecienta la desfinanciación del sector y, de paso, se desestimula la innovación y la investigación al no fortalecer el presupuesto en ciencia y tecnología, como lo evidencia el que, pese a haber transformado a Colciencias en un ente descentralizado dependiente de la Presidencia, tan sólo se asignó el 0.2% del presupuesto general de la nación a la actividad investigativa (cifra igual a lo que se invierte en el Congreso de la República y en cultura y deporte).
En la cobertura en educación básica, podría incluso presentarse una constricción en los avances hacia la gratuidad, algo en lo que diferentes entes territoriales han hecho avances relativos. Por sentencia de constitucionalidad, se ha obligado al Ministerio de Educación a cumplir el artículo 183 de la ley 115 y se ordena la universalización, con cargo al Sistema General de Participaciones, para la educación básica, lo cual ocurrirá inicialmente en preescolar y primaria en las instituciones educativas públicas. A la fecha, aun no se ha expedido reglamentación alguna respecto de cómo se procederá para garantizar el derecho a la educación en condiciones de gratuidad para la básica secundaria, ni se sabe aún cuál será la fuente de la que provendrán recursos para que las correspondientes secretarías certificadas procedan a formalizar otros programas de gratuidad que ya venían adelantando. Con el silencio ministerial al respecto, además de permanecer en el limbo los aportes para los sisbenizados con el cambio de su caracterización, se ponen en riesgo avances alcanzados por algunos entes territoriales en los que la educación pública es hoy universal y gratuita en todos sus grados, niveles y ciclos.
Sumado a estas consideraciones, habría que considerar que la extensión de la gratuidad en garantía del derecho a la educación implicará un incremento considerable de solicitudes de nuevos cupos. Cabe, entonces, la pregunta por cómo se va a responder a tal demanda cuando las actuales instalaciones educativas resultan insuficientes para que las y los niños y adolescentes estudien en condiciones dignas dado el deterioro, precariedad y limitaciones que presentan las actuales plantas físicas. La mayoría de instituciones, construidas hace varias décadas y, en buena parte, por el esfuerzo de las comunidades y las Juntas de Acción Comunal u organizaciones religiosas, cuentan con aulas tradicionales mal dimensionadas y generalmente pequeñas para la población que atienden, incumpliendo con ello la Norma Técnica Colombiana NTC-4595 y 4596, sin que resulten adecuadas como ambientes de aprendizajes o espacios promotores de convivencia. La mala calidad de dichos espacios deja hoy al país, incluidas las principales ciudades, con una colcha de retazos en las que se perciben los pocos y nuevos colegios frente al cúmulo de sedes educativas con escaso mobiliario y precarias edificaciones.
En este sentido, resulta preocupante para la concepción de lo público que se construyan nuevas ciudadelas educativas pero continúen siendo entregadas en concesión al sector privado en diferentes ciudades o se incremente sustancialmente la cobertura educativa pagada por el Estado a particulares, disminuyendo con ello la cobertura pública e incrementando las ganancias para tales empresarios, cuando lo que el país espera es que el Estado avance decididamente en la satisfacción de la educación pública de calidad, con disponibilidad de maestros, mejores recursos y espacios suficientes para el fortalecimiento de aprendizajes con sus escolares.
A este respecto, en el evento en el que se anunció la política de calidad educativa, la Ministra dejó entrever la razón por la que fue nombrada: cerrar el circuito entre el mundo empresarial y el educativo, poniendo las aulas al servicio del mundo del trabajo, al parecer tanto en sus contenidos como en su administración. Lo que está en juego es el sentido político de la educación, gestora de autonomía y de proyectos de vida propios, frente a la racionalidad técnica que insiste en disponer los espacios escolares para el mundo laboral, anticipando sin mayores mediaciones procesos de apropiación técnica que ocupen a los colombianos. Quisiera advertir que, de suyo, aquí no todo es perverso, como lo ven ciertas voces sindicales. En formación técnica, lo que tiene la Ministra es un reto enorme para articular pertinencia y utilidad de tales aprendizajes, considerando el hecho de que este tipo de formación no está significando mejoramiento salarial ni estabilidad ocupacional para el bachiller que se hace una diplomatura técnica. En este sentido lo que inquieta es que, viniendo de donde viene la Ministra, le va a quedar difícil desconectarse de los dictados y recetas que convierten a la escuela en un taller en el que todo resulta práctico y orientado al hacer más que al saber.
2. Profesionalización y relacionamiento con el magisterio: en tablas
Sin embargo, FECODE ha hecho serios cuestionamientos a lo que promete ser la política de calidad planteada por la Ministra, en la medida en que las directrices hasta ahora conocidas ahondarían la privatización y la prestación del servicio público educativo por cobertura, continuaría con la división magisterial en dos estatutos enfrentados y desiguales, permitiría que se sigan vinculando al servicio educativo profesionales de diferentes disciplinas sin formación previa en pedagogía y didáctica, no resolvería la ambigüedad respecto de la jornada laboral docente reglamentada de manera imprecisa por el decreto 1850 de 2002, acrecentaría la limitación de recursos para ascensos y reubicación, generaría una suerte de desplazamiento autofinanciado con la nueva reforma al régimen de traslados y amenazados contenida en el decreto 520 de 2010 y, previsible ya, precarizará las condiciones de vida del magisterio con el incremento insuficiente de los salarios que, por bajos, no resisten comparación con ningún otro sector profesional.
De manera preocupante, la no revisión de las asignaciones presupuestadas afectarán significativamente la prestación del servicio de salud para el magisterio y sus familias en la medida en que, incluso hoy con un régimen excepcional, se pone en riesgo la vida de las y los docentes dada la mala calidad en atención y prestación oportuna, el no contar con protocolos que identifiquen las enfermedades profesionales del magisterio, el desfinanciamiento del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y la reforma a los regímenes de excepción que eliminaría el que actualmente cubre a quienes están al servicio de la educación pública en preescolar, básica y media.
El amplio reclamo magisterial por un estatuto único que profesionalice la docencia muy seguramente deberá promoverse por vía legislativa puesto que a la fecha tal petición parece no tener eco en el gobierno nacional, quien no se ha referido a ella en foro alguno ni está contenido como parte de la presentación de la política “educación de calidad, el camino de la prosperidad”; como tampoco hacen parte de dicho paquete de políticas las aspiraciones de mejoramiento del salario docente, lo cual no ha sido considerado siquiera en las declaraciones públicas de la ministra o en los documentos a la fecha disponibles.
3. Evaluación de los aprendizajes: Mucho ruido y poca reflexión.
De manera escandalosa se han ventilado en los medios de comunicación, en la sesión de trabajo con los Secretarios de Educación del país y en una sonada y reciente rueda de prensa, cifras inquietantes sobre el posible incremento de la repitencia en el año 2010, a consecuencia de transitar de la promoción sumaria del decreto 230 de 2002 a los Sistemas Institucionales de Evaluación del decreto 1290 de 2009. En opinión de los medios, de Secretarios de Educación y, sorprendentemente, de algunos líderes sindicales, los maestros habrían convertido la evaluación en un instrumento de venganza para condenar a ‘perder el año’ a sus estudiantes. De un 70% se bajó la cifra a 30% y, en esta semana, al 7,5%, lo que en opinión de la Ministra constituye un desborde pernicioso comparado con el obligaorio 5% contenido en el anterior decreto sobre evaluación. Tal manera de insistir en la culpa y no en el problema olvida que en la escuela las dificultades no se presentan por los altos resultados de unos pocos sino por los malos y deficientes de los muchos; algo que un ejercicio más cercano a los procesos socioeconómicos incidentes en el ejercicio de aprender podría investigar.
No sólo por el carácter alarmista sino por la impertinencia de una medida direccionista y arbitraria como sería obligar a las instituciones educativa del país a promover a toda costa y contra todo diagnóstico a sus estudiantes, las declaraciones de la Ministra en rueda de prensa del pasado martes evidencian el que el direccionamiento educativo hoy no está en manos expertas en los asuntos de su competencia, sino en personas centradas en continuar la receta de la autopromoción para la que sólo basta finalizar noviembre en el aula para continuar en el siguiente grado, sin enfrentar el asunto de que el actual sistema educativo de precaria infraestructura, alta masificación y profesionales mal pagados y sin tiempo para personalizar el acompañamiento a las debilidades de los escolares dado que el decreto 1850 prácticamente los entiende como 'dictadores de clase'; desmotiva, deja atrás y lleva afuera a muchos niños y niñas.
En este vaya y dile tan agitado, destaca el que ni las organizaciones sindicales ni el Ministerio ni las Secretarías de Educación se han percatado de que los supuestos iniciales de repitencia desbordada han disminuido, a consecuencia del trabajo adelantado en las instituciones educativas para facilitar la promoción a quien efectivamente puede ser promovido, tal como lo contempla el decreto 1290. De igual manera, sorprende que en el primer año de implementación de una reforma radical al proceso de la evaluación de los aprendizajes en la escuela colombiana y sin mayores evidencias, tan diferentes estamentos se vayan lanza en ristre contra lo que podría llegar a ser un experimento exitoso en el avance hacia la autonomía de las instituciones educativas, las cuales ya vienen adelantando acciones para acercar aun más sus estadísticas a la realidad de las aulas.
Sorprende igualmente que la angustia ministerial consista en comparar el obligado 5% contra el actual 7,5% en las posibles cifras de repitencia, a las cuales se habría llegado sin intervención alguna del Ministerio o de las Secretarías y sí por un ejercicio consciente y autocrítico de sus propios procesos en las Instituciones Educativas oficiales pues, hay que decirlo, tales guarismos nunca han preocupado ni detenido al sector privado para adelantar procesos abiertamente irreglamentarios asociados a la repitencia y la pérdida de cupo en sus establecimientos; cosa que tampoco preocupa a la Ministra a la hora de identificar las notorias brechas que distancian los resultados de ambos sectores.
Por fuera de este ejercicio he dejado temas de importancia, tales como la insistencia en favorecer la capacidad instalada en formación técnica, lo que supondría desestimular la educación profesional universitaria; la revisión a las diferentes propuestas en torno a los denominados proyectos transversales que ponen en debate hoy a uno de ellos: La educación para la sexualidad; los asuntos de la pertinencia asociados a la etnoeducación, la inclusión de género, los entornos educativos diferenciados, entre otros, para lo cual esperaremos los siguientes cien días de gestión pública educativa.
Con lo visto, en estos cien días la promesa de la Ministra de poner en el centro de la deliberación nacional la calidad de la educación no pasa de ser un buen titular, considerando que el actual gobierno desmontó a la educación como una de sus “locomotoras” y la situó como uno de los ejes transversales de la prosperidad, según lo presenta Planeación Nacional. De igual manera, queda por ver si la Ministra, con una amplia experiencia como alta ejecutiva del sector comercio, financiero y en banca de inversión pero desvinculada de cualquier entorno asociado al sector educativo, podrá abanderar de manera idónea el mejoramiento de la calidad de la educación, pues lo que augura su formación como Ingeniera Industrial con Maestría en Finanzas, es el ahondamiento del tratamiento gerencial y rentista en el sector, que insiste en ver la escuela como una empresa educacional, dejando atrás el acompañamiento, la asesoría y el direccionamiento científico de la política educativa nacional.
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